Introducción temática al Congreso Anual 1999 de ADLAF

Violencia y regulación de conflictos en América Latina

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realizado del 25 al 27 de Noviembre de 1999 en Hamburgo

En comparación con las décadas de los 70 y los 80, cuando la tortura, los asesinatos y las guerras civiles dominaban las noticias internacionales provenientes de América Latina, la década de los 90 parece transcurrir de forma más bien tranquila y pacífica en la región. Esto es válido sobre todo para el desarrollo de los conflictos interestatales. América Latina cuenta en esta área con una larga tradición, así como también con numerosos mecanismos formales e informales para la regulación pacífica de conflictos. La finalización mediante la vía de las negociaciones de prolongados enfrentamientos armados internos en América Central y la disminución de la violencia política organizada diferencian a América Latina de otras regiones de desarrollo, tales como las nuevas avalanchas de crisis en los Balcanes o en Africa Central.

Pero una observación más precisa muestra que la vida cotidiana de la mayoría de la población de todo el continente está marcada por la violencia. Se registraron el año pasado en Ciudad de México 250.000 delitos; entre ellos 13 robos de automóviles por hora y tres asesinatos por día. El número de secuestros también aumenta sostenidamente. En Guatemala hubo en 1997 6.570 asesinatos, desaparecieron 3.665 personas, 1.638 fueron secuestradas y 13.750 fueron víctimas de extorsión. En El Salvador, según datos estadísticos, uno de cada cinco ciudadanos es asaltado una vez al año. En Colombia las cifras a nivel nacional disminuyeron ligeramente en los últimos años, pero Medellín aún sigue siendo, con 300 asesinatos cada 100.000 habitantes en 1996 (y 450 en 1995), la ciudad más violenta del continente. En el sur de América Latina la dimensión cuantitativa de la violencia y de la criminalidad no es tan grande, pero también en países como Chile, Argentina se produjo en los últimos años un dramático ascenso de la criminalidad. La violencia en Río de Janeiro es documentada casi diariamente en la prensa mundial. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, mueren diariamente en todo el continente 1.250 personas de forma violenta y varios miles de personas son heridas.

La violencia en los años 90 no ha disminuido en absoluto, sino que ha cambiado básicamente su estructura. Este proceso es consecuencia directa de la insuficiente imposición y seguridad jurídica de la coerción estatal. Si bien a principios de los 90 finalizaron numerosos conflictos y guerras civiles, sobre todo en América Central, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación a comienzos de 1994 en México y la ocupación durante meses de la embajada japonesa en Lima (Perú) por el movimiento de liberación Tupac Amaru a fines de 1995 mostraron, sin embargo, que la lucha guerrillera y el terrorismo son en algunos países una opción política.

En comparación con la dimensión de la violencia en las décadas 70 y 80, se pude observar hoy un cambio estructural de una violencia política a una violencia social. Mientras que tanto las guerras de guerrilla, como también las guerras "sucias" de las dictaduras militares contra la oposición política eran esencialmente enfrentamientos bipolares, en los cuales el Estado era un actor central, en los años 90 la violencia se torna difusa. La bipolaridad se va transformando en multipolaridad, pasando el Estado a ser sólo uno de los muchos actores en juego. La debilidad del Estado y la falta de una coerción estatal democráticamente legitimizada llevan a que rija la ley del más fuerte, aún bajo gobiernos formalmente democráticos.

Es frente a la criminalidad organizada, sobre todo pero no solamente, en el narcotráfico donde se nota claramente la ausencia de la coerción estatal. No es casualidad que los carteles de la droga sean especialmente activos en los países en los cuales la debilidad del Estado es especialmente evidente debido a guerras internas (como en Colombia, Perú y de manera creciente también en América Central). Pero el Estado no sólo resulta incapaz de imponer el cumplimiento de sus leyes frente a los narcotraficantes. En muchos países la constitucionalidad existe solamente en el papel. En Colombia, uno de los países más afectados por este problema, sólo el tres por ciento de los delitos son perseguidos penalmente.

El desarrollo socioeconómico de las últimas décadas constituye la causa central del incremento de la violencia y de la criminalidad: el éxodo rural masivo, la urbanización junto a la pobreza y la marginalización de amplias capas de la población son también un suelo fértil para la creciente criminalidad. A esta contribuye también la influencia del tráfico de drogas en muchos países de la región. La amplia difusión de armas de fuego pequeñas agudiza estas causas más bien estructurales. Esto ocurre sobre todo, pero no sólamente, en los países donde hubo o hay enfrentamientos armados entre el gobierno y grupos guerrilleros.

En la práctica este desarrollo llevó a que se impusiera la ley del más fuerte o de los que pueden pagar la justicia propia. Esto no es nuevo en América Latina, ya que la justicia dependía en el pasado de diferentes grupos de intereses y era por lo general corrupta. Pero justamente los gobiernos civiles resultantes de elecciones formales relativamente limpias, deben probar en el área de la constitucionalidad que la democracia, en comparación con otras formas de gobierno, brinda mejoras cotidianas para la población. La disminución de la seguridad en la vida cotidiana ha llevado a la privatización de la seguridad: Mientras que los ricos se compran "seguridad" por lo menos en su entorno directo y se atrincheran cada vez más en ghetos, reina en la calle y en los barrios pobres la ley del más fuerte. Con esto no sólo no se contribuye a disminuir la violencia y la criminalidad, sino que por el contrario se la fomenta por el aumento de la justicia por mano propia en sus distintas formas. El cambio de los "campos de acción" de los escuadrones de la muerte (de opositor político a social) es un ejemplo de ello. También otros grupos de la población recurren en gran medida a la justicia por mano propia. Los asesinatos por linchamiento son algo corriente. El mantenimiento o bien la creación de la seguridad interna o pública se ha convertido en un desafío central de la política latinoamericana.

Tanto los análisis de los fenómenos de violencia en sus diversas facetas brevemente referidos aquí, como también el planteo de nuevas estrategias e instrumentos para una regulación pacífica civil de los conflictos constituyen el punto central de la conferencia. En la medida de lo posible se aconseja considerar planteamientos de aspectos específicos de género, problemas de minorías, racismo e indígenas.